Partido Comunista de San Luis

Exigimos Justicia Real. 

Por el verdadero cumplimiento de las sentencias dictadas. 

No a la impunidad!!!

Contradiciendo la jurisprudencia construida y conquistada tras años de lucha con la reapertura de los juicios contra los responsables de los crímenes del Terrorismo de Estado perpetrados durante la última dictadura, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Juan Fégoli y Luís García revocó días pasados el decisorio del Tribunal Oral Federal Nro. 1 de San Martín contenido en la causa llevada adelante por el asesinato de Floreal Avellaneda y el secuestro y las torturas infligidas a su madre Iris Pereyra en cuanto al modo de cumplimiento de la condena a cárcel perpetua. En la sentencia dictada con fecha  12 de agosto de 2009, el TOF Nro. 1 de San Martín había dispuesto que  por “ la gravedad y el carácter de delitos de lesa humanidad y las altas penas …permite presumir que podrán intentar eludir la acción de la justicia y, en su momento, el cumplimiento de la pena, a lo que se agrega la oposición  a tal forma  de cumplimiento expresada por la víctima … la pena debe cumplirse en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal”.

Con la decisión del tribunal superior, los genocidas Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros podrán gozar del beneficio de “arresto domiciliario” hasta tanto se resuelva si queda firme la condena a perpetuidad que recibieran en los años 2009 y 2010 por su participación en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito de los distintos Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio que funcionaran durante la dictadura en Campo de Mayo.

 La actitud de la Sala II, sin embargo y por contraria a la jurisprudencia última que resulte, no es sorpresiva, y muestra la imbricación de sus miembros con el Terrorismo de Estado y sus responsables probando la vigencia de los conceptos e intereses de  la dictadura en diversos estamentos del poder estatal. Fue precisamente este tribunal con dos de sus integrantes actuales –Yacobucci y García- el que en diciembre de 2008  impulsó la libertad de varios genocidas –entre ellos algunos más que simbólicos como Jorge “El Tigre” Acosta, Alfredo Astiz y Antonio Pernías- bajo la máscara de la “normalidad procesal” al afirmar que el Juez Instructor  se había excedido en relación a los acusados de crímenes de lesa humanidad en los plazos razonables de detención sin sentencia firme y dispuso el "cese" de las respectivas prisiones preventivas. Argumentos éstos que no suelen tener acogida en la mayoría de los ciudadanos procesados por delitos comunes en ninguno de los ámbitos judiciales del territorio nacional. La decisión contó además con el apoyo específico del Fiscal ante la Casación, Juan Martín Romero Victorica histórico apologista de la dictadura y el terrorismo de Estado. Su última vinculación salió a la luz hace poco más de un mes cuando la joven que recuperara su identidad, Victoria Montenegro  denunciara la íntima amistad y coincidencia ideológica entre el Fiscal y su apropiador y asesino de sus padres el fallecido Coronel Tzestlaff.

Por todo ello, queda claro que se hace hoy más necesaria que nunca una gran campaña de movilización popular y denuncia de estas situaciones amparadas en tecnicismos legales y el sigilo que permite el ninguneo de la situación por los grandes medios que incorpore a la mayor cantidad posible de sectores comprometidos con la lucha contra la impunidad y por la democracia profunda y verdadera incluso dentro desde el mismo Poder  Judicial para que la histórica conquista que han significado los juicios no quede en meras expresiones formales. Lo contrario implica consagrar como bien lo ha señalado la Liga en su comunicado de prensa “una burla más del sistema judicial” y una afrenta no sólo a los que hace más de treinta años luchan contra la impunidad sino a la sociedad argentina toda.